El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y se está
acabando el tiempo para que los organismos donantes emprendan acciones para afrontar la crisis humanitaria y ecológica que deja a mil millones de personas sin acceso
a agua potable.

Durante la última década, la Comisión Europea ha fomentado sistemáticamente
una mayor participación del sector privado en los servicios de agua y
saneamiento. Sin embargo, experiencias de Bolivia, Guyana, Tanzania y tantos otros lugares demuestran que los servicios de agua gestionados de forma
privada no aportan las inversiones ni las mejoras en eficiencia necesarias para suministrar agua a precios asequibles a los sectores urbanos pobres.

A pesar de los fracasos, la Comisión sigue promoviendo políticas y
mecanismos de financiación que alientan la participación del sector
privado, mientras presiona a los países pobres para que abran estos servicios a multinacionales europeas.

Reivindicamos que se produzcan cambios en este enfoque, cambios que reconozcan que el acceso al agua es un derecho humano básico y que proporcionen a los países pobres el apoyo necesario para que este derecho se haga realidad.

En el mundo, el 90 por ciento del suministro de agua corriente depende de organismos públicos que, en países como Brasil, India y Uganda, están suministrando servicios de agua y saneamiento a un creciente número de personas. El desafío que se plantea es seguir avanzando en esta línea con la mejora de otros proveedores públicos.

Celebramos comentarios aparecidos recientemente que señalan que la Comisión estudiará la introducción de políticas de ‘ayuda inteligente’. En materia de agua y saneamiento, esto debería suponer que la UE: